Manuel Agustín Aguirre
(1903-1992)
Parte I
Parte III
Parte IV
A
Propiedad mixta de los medios de producción
Lo que proclaman los socialdemócratas es un sistema mixto de propiedad, en el que se trata de hacer pasar como propiedad social, socialista, la propiedad accionaria o sea la que proviene de la llamada democratización de las sociedades por acciones, en donde, según ellos, se colectiviza la propiedad y se evapora el capitalismo, como lo sostiene la teoría del “capitalismo popular”; la propiedad del Estado capitalista, producto de la nacionalización de ciertas empresas, generalmente de servicios, previo el pago de altas indemnizaciones, así como la inversión estatal en los servicios asistenciales; las cooperativas de producción y de consumo; todo lo cual coexiste con el mantenimiento de la empresa y la iniciativa privada, en una escala tal que significa en realidad la permanencia de la propiedad privada de los medios de producción.
En lo que se refiere a la propiedad accionaria, ya hemos visto que no es otra cosa que la ampliación y dominio, en vastos campos, de la gran propiedad capitalista, que utiliza inclusive los exiguos ahorros de los trabajadores, sin que eso altere en lo menor su situación de asalariados y explotados.
En cuanto a las nacionalizaciones efectuadas por el Estado capitalista, hay que considerar que éstas no tienen nada de socialistas, ya que están ligadas al mercado y la producción de mercancías y porque el peso específico de la economía es de carácter privado, o sea que predominan las relaciones de propiedad capitalista y con ellas el asalariado y la explotación con todas sus consecuencias. Aun suponiendo que en la administración de las empresas nacionalizadas pueda embotarse un tanto el sentido de lucro, éste continúa siendo el móvil fundamental de toda la economía.
Al tratarse de las cooperativas, la experiencia ha demostrado que dentro del sistema capitalista y el juego de las leyes del mercado y la producción de mercancías, degeneran muy pronto en verdaderas empresas de tipo capitalista. Hace ya muchos años, ciertos dirigentes del Partido Socialista Ecuatoriano, que trataron de llevarlo por los caminos del reformismo, tuvieron la aleccionadora experiencia de constatar que una red de cooperativas de producción arrocera, que se habían empeñado en organizar en la Costa, se transformó, en virtud del medio económico en que debía actuar, en pequeñas empresas capitalistas, que utilizaban trabajo asalariado durante las siembras y las cosechas, para beneficio del grupo cooperativo inicial, con lo que se desvirtuó todo sentido societario. La cooperativa no es una institución socialista en sí y sus características dependen del sistema capitalista o socialista del que forma parte. Si bien es cierto que en un régimen verdaderamente socialista, constituye una forma de propiedad colectiva en transición hacia la propiedad socialista del Estado y el pueblo, no puede asignársele igual función cuando se halla insertada en una estructura capitalista, que la deforma al imponerle los estigmas de un sistema de propiedad privada capitalista.
Solamente en sentido vulgar, se puede calificar de socialismo a la creación, mantenimiento y ampliación de los servicios asistenciales, como los seguros sociales y otros; pues si bien están demostrando la necesidad que tiene los trabajadores de alcanzar una relativa seguridad, ya que se hallan continuamente expuestos a todos los riesgos de un capitalismo inhumano que no sólo los explota sino que los arroja a la calle, indefensos ante los azotes de las crisis, la desocupación y la vejez, no puede decirse que se trata de instituciones socialistas dentro de un sistema capitalista; y los trabajadores deben comprender que si bien han de luchar por estos servicios, esto no transforma de ninguna manera el sistema de lucro y explotación capitalistas.
En realidad, el error que se comete al presentar estas formas evolucionadas de propiedad capitalista como propiedad socialista, se basa en el hecho de no considerar a la propiedad como lo que en realidad es, un conjunto de relaciones de producción, sino que se la mira desde un punto simplemente jurídico, relacionado con el sujeto de la propiedad. Así, el paso de una empresa a manos del Estado capitalista, no la convierte en propiedad social, porque continúan subsistiendo las relaciones de propiedad capitalista y con ellas la compra-venta de fuerza de trabajo y la explotación, con todas sus consecuencias.
De todo esto se desprende que ni la llamada “democratización de las acciones”, las nacionalizaciones, los esfuerzos cooperativos, ni los servicios sociales, dan al Estado capitalista un carácter socialista, ni siquiera podría llamársele, como se lo hace, “Estado de bienestar” y mucho menos “Socialismo de Estado”, ya que las limitadas concesiones de carácter social arrancadas por la lucha de los trabajadores, no crean, en realidad, sino el bienestar para los empresarios monopolistas, cuyos intereses representan.
Por lo demás, los Partidos Socialdemócratas, retroceden cada vez más en sus propósitos nacionalizadores, como lo demuestran los de Alemania Occidental y su programa de Bad Godesberge, de Austría, Bélgica, etc. y el Laborismo inglés, que si alguna veces propugnaron teóricamente la nacionalización de las industrias claves de la economía, han terminado por aceptar el mantenimiento de la propiedad privada de los medios de producción, como base de su llamado socialismo. Así, en el período 1945-47, el Partido Laborista en el Poder, nacionaliza el Banco de Inglaterra, dejando en manos privadas los demás Bancos, y algunas industrias de servicios generales como la hulla, el gas, la electricidad, el transporte ferroviario y automotor y apenas se atreve a nacionalizar una parte de la industria metalúrgica, todo lo cual no afecta sino al 5 por ciento de la economía inglesa y mejor favorece, con un alto pago de indemnizaciones, a ciertos empresarios en peligro de quiebra. En esta forma, lo que en realidad se hacía, era socializar las pérdidas a fin de que se sigan manteniendo los beneficios.
Esto es tan cierto, que cuando el Partido Conservador Inglés, que se había interesado en las pingües indemnizaciones, se turnara en el poder con el Laborista, no realizó sino la desnacionalización de aquella parte de la metalurgia, por tratarse de una industria básica. Posteriormente, los laboristas, en su marcado retroceso en el campo de las nacionalizaciones, apenas si han insistido débilmente en la renacionalización de la misma y del transporte automotor, en un juego de quita y pon, absolutamente ridículo y desprovista de sentido. Por el contrario, han llegado a declarar que en el futuro no se nacionalizarán sino las industrias que trabajen en forma deficiente y de ninguna manera las que se hallen en buenas condiciones para servir a la Nación. [1] Lo mismo acontece con los socialistas democráticos de la Europa Occidental, como los de la República Federal Alemana y Austria, que han retirado definitivamente de sus programas las nacionalizaciones que, según ellos, se han vuelto innecesarias ante la desaparición de los propietarios capitalistas y su reemplazo por los administradores tecnócratas, que dejarían de ser patronos para insertarse en la clase proletaria. Además, como la supuesta democratización del capital por medio de la popularización de las acciones ha transformado a los proletarios en capitalistas, ya no tiene razón de ser la lucha de clase sino su armonía, tanto más que, en realidad, según tales conceptos, las clases han desaparecido.
Como una variante de la teoría de la “revolución de los administradores”, se propugna el ingreso de los trabajadores en los comités de supervisión de las empresas, en las que han de actuar como verdaderos socios de los capitalistas, para llevar adelante en mejor forma la producción y las funciones de explotación que realiza la empresa.
En Francia, son numerosos los socialistas, como el señor Jules Moch, que sostienen que el motor eléctrico ha multiplicado la pequeña empresa y con ella la clase media, que constituye el blando colchón sobre el que se recuestan tranquilos los socialdemócratas.
Consecuencia de todo ello es la de que la juventud, en todas partes, haya abandonado este tipo de socialismo, que hoy no hace otra cosa que repetir los slogans burgueses del capitalismo monopolista de Estado, que no es sino el Estado de los monopolistas.
La consabida redistribución de los ingresos
Ya hemos considerado este problema al referirnos al neocapitalismo en general. Como sabemos, se trata de una medida aconsejada por el mayor teórico del capitalismo, Lord Keynes, que sin pensar, en ningún momento, en una supuesta justicia distributiva, sino simplemente en incrementar la demanda efectiva, aconsejaba la necesidad de trasladar algunas libras esterlinas del bolsillo de los ricos al de los pobres, ya que estos tienen una mayor propensión a consumir, frente a aquellos que tienden a ahorrar y atesorar.
Un análisis histórico y aún actual de la renta nacional inglesa, no demuestra la depauperación relativa de las masas laborantes, que prueba lo ilusorio de una redistribución de los ingresos.
No hay que olvidar, por otra parte, que una supuesta redistribución de los ingresos significaría un menor beneficio y con ello una menor acumulación, lo que traería el desempleo. En un sistema que trabaja a base del mayor beneficio o sea de una desigualdad de los ingresos, no puede hablarse de una redistribución que traiga la igualdad de los mismos, porque ello conduciría a su estancamiento y paralización. Además, ningún gobierno por laborista que se llame puede imponer nada en el mundo de los negocios:
“Ningún gobierno puede dar orden al mundo de los grandes negocios (Big Business) en la sociedad opulenta. El Ministro de Hacienda laborista que hubiera establecido un presupuesto que tratase de exprimir demasiado a la industria privada, habría descubierto muy pronto que no era el dueño en su propia casa y que hay un nivel relativamente bajo por encima del cual la elevación de los impuestos, ya sea sobre las personas, ya sea sobre las sociedades, conduce a la ocultación y a la fuga de beneficios. Si la fuerza motriz de nuestra economía es la obtención de beneficios por la gran empresa privada actual, un ministro de Hacienda debe estar dispuesto a permitir elevador márgenes de beneficio y a admitir que el número de huevos dorados que puede recoger es muy pequeño”. [2]
De esta manera, aún en el caso de que los laboristas crean y juren por Keynes, han tenido que recoger muy pocos huevos dorados, que no significan, de ninguna manera, una redistribución de la renta sino un incremento de los beneficios.
Todo lo dicho, sirve naturalmente para sostener la anhelada armonía de clases, tan cara a los reformistas socialdemócratas y en especial a los laboristas ingleses.
Notas
[1] El partido laborista reconoce que, en el traspaso de las funciones directivas a manos de los dirigentes profesionales, las grandes empresas en su conjunto sirven adecuadamente a la nación. (La Industria y la Sociedad).
[2] R. H. S. Crossman, El Socialismo en la Sociedad Opulenta, Ed. Z Y X, pág. 49.
Fuente: Manuel Agustín Aguirre, “Dos Sistemas Dos Mundos”, Editorial Universitaria, Quito, 1972.
Digitalizado por C. Amaru para Partiynost
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